Por Patricia Bejarano
El sector de la infraestructura y obras civiles es una de las actividades de mayor dinamismo en la economía colombiana, a las cuales se destinan los más altos rubros de inversión, impactando la generación de empleo y la productividad de las cadenas de suministro de proyectos de ingeniería, consultoría, construcción, interventoría, procesos de importación y consumo de materiales.
Su estrecha relación con la creación de infraestructuras básicas, asociadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de bienes y servicios, como puentes, vías férreas, túneles, puertos, carreteras, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones comerciales e industriales, instalaciones telefónicas, plantas petroquímicas, refinerías y perforación de pozos, entre otros, hace que este sector movilice en forma directa la renovación urbana, la infraestructura social y la movilidad.
Sin embargo, los riesgos y las amenazas de estas estructuras urbanísticas, en temas de seguridad, son contundentes. En estos tiempos de vulnerabilidad, es hora de replantear las estrategias de seguridad implementadas, en cada una de ellas, para mejorarlas a través de modelos operativos de prevención y protección altamente calificados.
Los activos involucrados en estos desarrollos, como maquinaria de construcción, compresores, grúas, excavadoras, hormigoneras, así como los equipos de construcción, como instalaciones provisionales de abastecimiento de agua o energía eléctrica, almacenes, encofrados, cimbras, vestuarios, andamiajes, herramientas y aparatos tecnológicos, entre otros, necesitan protección.
Para nadie es un secreto que Colombia es víctima de operaciones de grupos de criminalidad organizada de mediano y pequeño alcance y que persisten nichos de inseguridad, pobreza y marginalidad en los cuales se concentran las principales problemáticas de violencia e inseguridad.
Los espacios abiertos y el incremento de los activos necesarios para llevar a cabo desarrollos de infraestructura y obras civiles es uno de los principales factores de riesgo, y, en un contexto de alta violencia y crimen organizado, se hace necesaria la lucha contra la delincuencia.
De ahí, la importancia de las estrategias sobre seguridad y vigilancia privada, pues no solo desempeñan un papel fundamental en la prevención del delito y en la seguridad de la comunidad, sino que permiten asegurar los cronogramas de entrega establecidos de las obras, para evitar retrasos por eventos fortuitos que afecten las inversiones y a los ciudadanos.
Contar con empresas de seguridad privada altamente calificadas que ofrezcan actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades, es imprescindible en estos tiempos.